Diputados continúa el tratamiento de la Ley Ómnibus

La segunda jornada de la sesión especial terminó sin que se votara. El oficialismo espera conseguir la aprobación en general del dictamen de mayoría.


La Cámara de Diputados continúa desde las 10 el tratamiento del proyecto de ley «Bases», tras pasar a un cuarto intermedio anoche, y el debate de esta jornada se centrará en los cambios incorporados en el capítulo de privatizaciones.

Será la tercera jornada de trabajo parlamentario tras los incidentes ocurridos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes afuera del Congreso que se oponían al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y donde se registraron detenciones y heridos.

La Cámara de Diputados pasó a cuarto intermedio y postergó hasta este viernes la votación del proyecto de ley de Bases, con la incorporación de nuevos cambios en el capítulo de privatizaciones, en una sesión especial cargada de tensión por los incidentes entre las fuerzas de seguridad y militantes que realizaron una marcha en contra de esa iniciativa frente al Congreso.

En la segunda jornada de la sesión especial y tras veinticuatro horas de debate, entre los dos días, faltaba unos 17 oradores para hacer uso de la palabra previo a la votación en general, en la que el oficialismo tenía garantizado el respaldo de los bloques dialoguistas.

La propuesta de pasar a un cuarto intermedio fue formulada por el jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago.

El Gobierno tenía el apoyo de unos 143 diputados para aprobar en general el dictamen de mayoría con el aporte de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.

La sesión especial, conducida por Martín Menem, se desarrolló en una clima de tensión por los graves incidentes sucedidos en las adyacencias del Congreso entre las fuerzas de Seguridad y los militantes de izquierda y organizaciones sociales que rechazan el proyecto propiciado por el Gobierno.

En cada uno de los discursos de Unión por la Patria había referencia a los serios incidentes cerca del Parlamento, e incluso respaldaron un pedido de la diputada de izquierda Romina del Pla de hacer un cuarto intermedio «por la represión» que fue rechazado por la LLA, el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación.

En ese contexto y en un clima de fuerte tensión, el presidente del bloque de UxP Germán Martín presentó una moción para establecer un cuarto intermedio por la «terrible represión que se vive en la calle», que fue rechazado por otros bloques opositores e incluso el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto, señaló que «no se puede interrumpir la labor de un poder del Estado».

También respaldó la propuesta de su bloque Máximo Kirchner, a través de una cuestión de privilegio, en la que planteó: «Vamos a ver qué sucede afuera, es solamente para que haya la menor cantidad de argentinos y argentinas lastimados, trabajen en una fuerza de seguridad o no».

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el portavoz presidencial, Manuel Adorini, concurrieron este jueves por la tarde a Diputados y a la noche se sumó el ministro del Interior, Guillermo Francos, para seguir de cerca el desarrollo de la sesión.

A lo largo de la jornada también se sucedieron reuniones entre diputados oficialistas y opositores para superar las diferencias sobre seguridad, facultades delegadas y privatizaciones, y a la noche LLA envió un nuevo borrador de modificaciones donde se tomaron algunas sugerencias de los bloques de la UCR y Hacemos.

En ese sentido, La Libertad Avanza propuso a los bloques llamados «dialoguistas» eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechacen todas las ventas de las empresas públicas.

En cambio, mantuvieron la declaración de emergencia en materia económica, financiera, administrativa, tarifaria, energética, seguridad y administrativa, y el capítulo sobre deuda donde se elimina la obligación de pedir autorización al Congreso previo a tomar un endeudamiento como establece la ley vigente.

Las reformas que habían transcendido generaron la queja del diputado de UxP Germán Martínez, quien señaló: «Pasaron 9 horas de la segunda jornada de debate de la ley ómnibus. Si sumamos las 11 horas de ayer (por el miércoles), llevamos 20 horas de debate» y «aún no tenemos el texto que se pretende votar».

El plenario legislativo retomó a las 12.30 de este mediodía el debate con varias cuestiones de privilegio planteadas por parte de diputados de la oposición contra funcionarios del Poder Ejecutivo, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo policial del miércoles en las afueras del Congreso, donde se registraron incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes.

Al iniciarse la sesión, y luego de que los diputados de todos los bloques expusieran en el recinto sobre los incidentes ocurridos anoche, los legisladores rechazaron las amenazas que habría sufrido la diputada de la UCR, Carla Carrizo, a través de sus redes sociales, y se solidarizaron con la legisladora que se mostró muy sensibilizada y con lágrimas en los ojos, por lo que varios colegas se acercaron a su banca a brindarle su apoyo.

Al retomar el debate del proyecto, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que «la grieta sigue» en el Congreso y defendió a las provincias, en medio de la controversia entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores por el Impuesto PAIS.

«Muchos de nosotros tenemos nuestra referencia en las provincias que gobernamos y ya estamos hartos de ser un papelito al viento, de ser la cenicienta de este Congreso. Nos conducen nuestros gobernadores a nosotros», afirmó Gutiérrez.

Por su parte, la diputada libertaria por Santa Fe, Romina Diez, defendió las privatizaciones de empresas públicas, uno de los capítulos que incluyó el Gobierno en la Ley de Bases, y dijo que se trata de «dos conceptos antagónicos que tratan de disfrazarlos de patria para justificar aguantaderos de militantes. Una empresa no debería ni puede ser pública. Las manejan empresarios, los naturales benefactores sociales».

Desde la oposición, en tanto, la diputada de Unión por la Patria por Córdoba, Gabriela Estévez, sostuvo que la ley «modifica todos los aspectos de la vida de los argentinos» y cuestionó al asesor presidencial, Federico Sturzenegger, al señalar: «Ese funcionario sin cargo y sin funciones que, sin embargo, otra vez le devuelven la potestad de que entregue en bandeja a nuestro país. No sabemos quién escribió la ley, pero sí quiénes son sus principales beneficiarios y perjudicados».

En esa línea, la diputada de UxP, Paula Penacca, sostuvo que «en realidad es la ley de bases y condiciones para la venta de la Argentina».

Para el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, la delegación de facultades que solicitó Milei «no es igual de las que se le dio a otros presidentes como de (Fernando) De la Rúa, (Carlos) Menem, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Esta es una delegación de facultades que intenta cambiar la matriz de la Argentina, la matriz social, institucional y cultural de Argentina» y adelantó que votará en contra del proyecto, tras citar en su discurso las estrofas del Himno Nacional Argentino.

A lo largo del debate, la diputada del Pro Silvia Lospenatto dijo que con esta iniciativa se trata de otorgar «herramientas para que pueda llevar adelante su plan de Gobierno» y «yo les deseo de corazón el mejor de los éxitos. La Patria está en peligro cada vez que nuestros hijos no puedan desarrollar su vida».

El diputado cordobés de Hacemos, Juan Brugge, señaló: «Nosotros vamos a acompañar el proyecto en general porque creemos en la institucionalidad y en que es necesario avanzar en establecer reglas de juego claras, pero peca de algo importante: mezcla las emergencias con la desregulación económica».

Télam

Tras un cuarto intermedio, continúa el tratamiento de la ley «Bases»

El oficialismo espera que el dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones de la Cámara baja se apruebe este jueves en general y el viernes en particular.


La Cámara de Diputados continuará este jueves a las 12 el debate del proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» impulsada por el Gobierno nacional, luego que en la noche del miércoles, pasadas las 21.30, se dispusiera un cuarto intermedio en medio de acusaciones cruzadas entre los legisladores del oficialismo y Unión por la Patria (UxP), que denunciaron desconocer los cambios del dictamen puesto a discusión, y en el contexto de estos debates, se registraron en inmediaciones del Congreso incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes de izquierda.

En tanto, el oficialismo espera que el dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones de la Cámara baja se apruebe este jueves en general y el viernes en particular, según indicaron fuentes parlamentarias.

En el debate de la iniciativa que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que «en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio», ante lo cual el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, remarcó que la medida tenía que ser votada, y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.

«El oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones», denunció Martínez, quien aseguró no disponer del texto definitivo que se está tratando.

En tanto, el liberal José Luis Espert le replicó que «todos los que dicen que no hay dictamen, mienten».

«El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy -por ayer- está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana, cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos», remarcó el legislador.

La sesión se reanudará este jueves para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza (LLA), UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.

El miércoles, la sesión tuvo momentos de tensión cuando al mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales.

Agote estaba presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y denunciaban la presencia de militantes de Revolución Federal en el Congreso mientras se desarrollaba la sesión.

También hubo una concentración en las adyacencias del Congreso donde se produjeron algunos incidentes entre militantes de izquierda y de organizaciones sociales y la policía, con el resultado de al menos un detenido.

El dictamen de mayoría que se discute redujo de 524 a 385 artículos tiene como como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.

El secretario parlamentario Tomas Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.

Sin embargo persistían diferencias diferencias entre el oficialismo y sectores de la oposición centrados en la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar empresas públicas, sobre el capitulo de Seguridad, y el régimen de Biocombustibles, entre otros.

El oficialismo y bloques oficialistas aun discutían limitar las facultades delegadas ya que la UCR y Hacemos quería eliminar la emergencia en materia energética y tarifaria, y reformar la redacción del capítulo de privatizaciones.

Télam

Figueroa se reunió con diputados y senadores nacionales por la Ley Ómnibus

Del encuentro participaron todos los representantes de la provincia en el Congreso.


El gobernador Rolando Figueroa se reunió este lunes en Casa de Gobierno con los tres senadores y los cinco diputados y diputadas nacionales, con el objetivo de conformar una mesa de diálogo y acuerdo de algunos puntos de la Ley Ómnibus, que está siendo tratada en el Congreso Nacional.

Estuvieron presentes por el Senado Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell, y por Diputados Pablo Cervi, Nadia Márquez, Pablo Todero, Osvaldo Llancafilo y Tanya Bertoldi, quien lo hizo en forma virtual. Además, participaron la vicegobernadora, Gloria Ruiz, y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

Al término de la reunión, tanto el gobernador como legisladores destacaron el encuentro entre el Ejecutivo provincial y los representantes de Neuquén en el Congreso, y se coincidió en el trabajo consensuado en lo relacionado a la energía y los recursos naturales provinciales.

“Fue un encuentro con los legisladores nacionales que representan a la provincia del Neuquén, que son elegidos por el pueblo neuquino, y debo agradecer la presencia de todos nuestros legisladores”, indicó el gobernador.

Figueroa agregó: “Fundamentalmente trabajamos, más allá de la posición individual o colectiva de cada uno de los legisladores, en construir -entre todos- una mesa de diálogo. Una mesa en la cual cada vez que se toca un interés de los neuquinos podamos estar todos, de alguna forma, manifestando en lo que nos sentimos afectados. Y creo que en esta época es muy importante poder lograr esto; trabajar quienes representamos al pueblo neuquino en forma coordinada, dialogando y proyectando lo que es mejor para nuestro pueblo”.

Sobre los puntos en común, el gobernador expresó que “todos los legisladores manifestaron la defensa de los intereses de la provincia, tanto los senadores como los diputados nacionales, y expresaron que lo prioritario siempre es defender a Neuquén. Y en este sentido creo que fue una buena mesa de diálogo y de atenta escucha para los distintos problemas que afectan a nuestra provincia y cómo poder trabajar en conjunto para resolverlos”.

La senadora Lucila Crexell expresó que “fue una reunión convocada por el gobernador con todos los legisladores de la provincia del Neuquén, diputados y senadores nacionales, para dialogar sobre los temas que estamos teniendo en tratamiento en el Congreso, que es la Ley Ómnibus y la aprobación o rechazo del DNU. La realidad es que lo que se buscó es plantear cuáles son aquellas cuestiones que pueden afectar a Neuquén, cómo abordarlas desde los representantes de la provincia ante el gobierno federal”.

Crexell calificó como “muy positiva” la reunión y la iniciativa del gobernador Figueroa. “tuvimos un diálogo constructivo y creo que es una dinámica novedosa que se vuelve a restablecer y que es novedosa porque en realidad hace mucho tiempo que no hay un diálogo así tan fluido con el gobernador”.

La senadora indicó que “uno de los puntos que se trataron hoy fue básicamente la reforma a la Ley de Hidrocarburos, cómo podría afectar a Neuquén y qué cuestiones tenemos que reparar para que no genere algún perjuicio a nuestra provincia”.

Por su parte, Pablo Cervi explicó que “nos manifestaron las preocupaciones que tiene el Ejecutivo y algunas cuestiones que están viendo ellos en función de las áreas o de cómo sería la concesión o del manejo de aquí en adelante de Vaca Muerta. Y quedó demostrado que todos queremos defender los intereses de la provincia de Neuquén, así que en ese sentido seguramente vamos a estar trabajando”.

Aprobaron la reforma de la ley de alquileres

Por 128 contra 114 votos, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa con los cambios incluidos por el Senado. Los contratos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral.


La Cámara de Diputados convirtió en ley, por 128 contra 114 votos, el proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral, en lugar de anual como establecía la actual norma.

La iniciativa se aprobó con los votos que fueron aportados por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, dos de Identidad Bonaerense, dos socialistas, una de Córdoba Federal, uno de Juntos por Rio Negro, dos del Frente de la Concordia y cuatro de izquierda.

En tanto, la iniciativa fue rechazada por Juntos por el Cambio, los tres libertarios que responden a Javier Milei, uno de Juntos por Rio Negro, una de Identidad Bonaerense y uno de Córdoba Federal.

La iniciativa fue aprobada después de las 5 de la madrugada en el marco de una sesión maratónica que se inició hoy a las 12.30 en la cual se convirtió en la ley de violencia digital y se aprobaron los proyectos de devolución del IVA, Argentina Inclusiva y de promoción del Gas Natural Licuado.

Con la sanción de este proyecto los contratos se mantienen en tres años los cuales deberán ser estipulados «en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses».

También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que «los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA».

El texto aprobado por el Senado, además, incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que «los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo».

También fija que cualquier «publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional” y elimina la posibilidad de los pagos a inquilinos por adelantado.

En cuanto a los beneficios impositivos los propietarios no pagarán bienes personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler. Tampoco pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que se encuentren «debidamente registrados» ante la AFIP.

Además las «partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

En cambio, el texto con media sanción de Diputados establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes podían hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.

Siempre de acuerdo con el texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, el menú de posibilidades a elegir estaba conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se contemplaba como opción que las partes pudieran acordar adoptar una combinación de estos índices.

Al fundamentar la posición del oficialismo, el diputado del FDT Lucas Godoy «es un tema que repercute en la vida de alrededor de 8 millones de personas» y «este contrato nunca tuvo ni tendrá una relación paritaria de igualdad de partes. La ley debe entonces amparar y equilibrar las condiciones de los contratantes”.

Agregó que «hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”,

En el cierre del debate, la secretaria parlamentaria del bloque del FDT, Paula Penacca, afirmó que el problema «no es la ley» sino el contexto económico y dijo que una «de las cosas que mejora es que elimina la posibilidad que el inquilino haga pagos adelantos».

Dijo que «el problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista”.

«Con la ley aprobada en el Senado se mejora la situación de los inquilinos», destacó

Desde la oposición, la vicepresidenta radical Karina Banfi afirmó que «como nosotros queremos ayudar a la parte más débil, venimos pidiendo la derogación de la Ley de Alquileres sancionada en 2020. Como no tuvimos mayorías, lo que hicimos en agosto fue derogar los dos artículos más nefastos».

En ese sentido dijo que «en 2019, cuando se debatió por primera vez, se nos advirtió que se retraería la oferta y eso fue lo que pasó. En 2020, por la pandemia, se congelaron los alquileres. Lo que tenemos hoy es un desorden absoluto, en el marco de una crisis económica y habitacional. Este combo es letal».

Por su parte, el diputado del Pro Pablo Tonelli expresó su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo al señalar que «la aplicación de la ley provocó una enorme retracción en la oferta de viviendas para alquilar. Esto perjudica a los inquilinos dada la escasez de la oferta, les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”.

Télam

Figueroa impulsa el proyecto para producir Gas Natural Licuado

El actual diputado y gobernador electo, Rolando Figueroa, es uno de los impulsores del proyecto para producir, transportar e industrializar GNL desde Vaca Muerta.


Un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados buscará emitir dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL), con el objetivo de sancionar esa iniciativa en la sesión especial de este martes la iniciativa impulsada por el Frente de Todos.

Las comisiones que presiden los oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller se reunirán desde las 15:30 en el edificio anexo, para completar el estudio del proyecto y proceder a firmar un dictamen de mayoría, promovido por el FDT, Interbloque Federal, Provincias Unidas, Ser y el Movimiento Popular Neuquino.

La principal coalición opositora Juntos por el Cambio evaluaba presentar un dictamen de minoría con objeciones a esa iniciativa, según informaron fuentes parlamentarias.

El Frente de Todos solicitó una sesión para este martes para debatir un conjunto de proyectos económicos, como la iniciativa que devuelve el IVA de productos de la canasta básica familiar, y la reforma a la ley de alquileres, y el proyecto que promueve la producción de Gas Natural Licuado.

La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, entre otros previstos, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.

El proyecto comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización.

En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones de inversión, en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

Télam

Diputados aprobó la reforma del Impuesto a las Ganancias

La Cámara le dio media sanción y envió al Senado el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados


La Cámara de Diputados aprobó este martes y giró al Senado el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias que elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y creó un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a los 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM) mensuales.

La iniciativa fue sancionada por 135 votos que fueron aportados por los bloques Frente de Todos, la izquierda, los libertarios, federales, Provincias Unidas, y los dos gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Mientras que se opusieron al proyecto los legisladores de Juntos por el Cambio que cosecharon 103 votos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en el Congreso y en el último tramo en el recinto de sesiones junto a los sindicalistas Héctor Daer, Pablo Moyano, y Carlos Acuña, escuchando los últimos discursos previo a la votación de esa iniciativa promovida por el oficialismo.

La bancada del Frente de Todos pudo sancionar el proyecto impulsado por el ministro Massa, luego de construir una mayoría con legisladores de los bloques provinciales, federales, la izquierda y los libertarios que le permitió al oficialismo alcanzar el quórum reglamentario y luego aprobar la ley.

La sanción del proyecto fue respaldada por una masiva marcha de la CGT, de las dos CTA y otros sectores gremiales en las calles frente al Congreso Nacional.

A lo largo del debate se cruzaron acusaciones el oficialismo y Juntos por el Cambio, y entre esa coalición y los libertarios, y en el último tramo hubo fuertes gritos ante el duro discurso contra Massa y los sindicalistas del diputado radical Mario Negri.

En esos momentos, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, afirmó que «hoy tenemos la enorme oportunidad de que 800 mil de los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estarlo y esto no es casualidad, es resultado de una decisión política».

Por su parte, Negri afirmó que «que casi todo el arco político, desde la izquierda a la ultra derecha, apoyen el proyecto de un ministro candidato que duplicó la inflación en un año es llamativo. Juntos por el Cambio no va a especular electoralmente cuando hay riesgos serios de hiperinflación».

El proyecto que ahora deberá ser analizado por el Senado Nacional elimina desde el 2024 la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y crea un tributo cedular que deberán pagar aquellos que cobran salarios superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles.

Quienes perciban altos ingresos pagarán una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% que se actualizará con el valor del SMVM dos veces por año.

De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, destacó los alcances del proyecto y recordó que «la eliminación del tributo fue eje de la campaña de gobiernos anteriores -por Cambiemos en 2015-» y que «finalmente, en vez de cumplir con eso aumentaron la cantidad de trabajadores alcanzados»

«Estamos tratando un proyecto que deja sin efecto el Impuesto a las Ganancias sobre el trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones e incorpora un régimen cedular para grandes ingresos», explicó el miembro informante del dictamen de mayoría en el inicio del debate en el recinto.

Para Heller, «el proyecto debe ser tomado dentro del conjunto de demandas que la sociedad nos viene haciendo, y de hecho el tema ha motivado que existan unos 30 proyectos modificando la ley actual, elaborados por diputados del oficialismo y de la oposición».

Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y uno de los asesores de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, aseguró que «es una ley que beneficia a 800 mil personas y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación».

Por su parte, el radical Alejandro Cacace dijo que se ha «incrementado la presión fiscal y sólo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo Gobierno cuando ya no están».

Los legisladores hicieron hincapié en que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal será del 0,83 por ciento del PBI y que su cálculo está basado en el proyecto de Presupuesto para el 2024.

A su vez, el diputado y candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que su espacio va «a acompañar la baja por el impuesto porque es más libertad y es devolverle los derechos a la ciudadanía», al defender el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias aprobado en la Cámara de Diputados.

«Siempre vamos a votar a favor de eliminar impuestos y del gasto público, y como hay gente que no le gusta bajar el gasto aparece el tema del financiamiento», agregó.

El socialista Enrique Estevez, anticipó que acompañarán el proyecto aunque señaló que se trate de «un maquillaje» ya que la Argentina como «lo viene planteando el socialismo necesita una reforma integral que potencie la producción y el trabajo» .

El presidente de la Coalición Civica, Juan Manuel López, dijo que «mientras algunos quieren llegar en medio del caos, nosotros queremos decirles la verdad, con humildad, fortaleza y autoridad queremos ordenar este país y este desastre»

Desde la izquierda, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que «el salario no es ganancia», para justificar su respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo de modificación del impuesto a las Ganancias.

La legisladora, al mismo tiempo, cuestionó a los bloques opositores que se oponen a la iniciativa al sostener que «cuando es el bolsillo de los trabajadores les agarran las ganas de cuidar las arcas del Estado».

El diputado del Movimiento Popular Neuquino y gobernador electo Rolando Figueroa dijo que «la política tiene que dar soluciones a la gente» al respaldar el proyecto de ley de reforma al impuesto a las ganancias para que solo paguen el tributo denominado cedular los altos ingresos que superen los 15 salarios mínimos mensuales

Por su parte, el diputado y gobernador electo, Claudio Vidal, dijo que este proyecto «es en defensa de los trabajadores y lo venimos reclamando hace tiempo» pero «también necesitamos que no se incremente el déficit en las provincias porque sino como hacemos para mejorar el salario de los estatales y de la educación». Y recordó que «Santa Cruz depende de la coparticipación».

Al hablar en el recinto de sesiones, Figueroa justificó el respaldo al proyecto en que «el salario no es ganancia» y dijo que «ojalá que muchos puedan entender que la política es necesaria para brindar soluciones a la gente; hoy debemos centrarnos en el pueblo trabajador».

Por su parte, el diputado de Juntos por Rio Negro, Luis Di Giacomo, dijo que «nosotros vamos a apoyar este proyecto porque cuando decimos que el salario no es ganancia nos referimos a que representa lo que se gana, con fuerza de trabajo, por producirle una ganancia al que tiene los medios de producción».

A su vez, la legisladora de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño dijo que «lo que estamos discutiendo es un cambio de paradigma y no es menor. Yo vengo a apoyar este proyecto porque los salarios gozan de plena protección constitucional y legal. El salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría».

Télam

Diputados debate la reforma del Impuesto a las Ganancias

El oficialismo consiguió reunir el número necesario para realizar la sesión con el respaldo de la izquierda y de diputados provinciales, ya que JxC anticipó que no acompañará.


La Cámara de Diputados tratará este martes en una sesión especial el proyecto de ley de reforma al impuesto a las Ganancias elaborado por el Poder Ejecutivo, que el lunes obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa establece que se elimina la cuarta categoría del gravamen y se crea en reemplazo un impuesto cedular que fija que sólo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que hoy representan más de $ 1.770.000.

El dictamen mayoritario cosechó 25 firmas, ya que contó con el respaldo de 24 legisladores del Frente de Todos (FdT) y uno del Frente de la Concordia Misionero, sobre un total de 49 legisladores que conforman ese organismo asesor del cuerpo legislativo.

Juntos por el Cambio (JxC) rechazó el proyecto y presentó un dictamen de minoría con 12 firmas, y algunos de sus miembros no descartan pedir que esta iniciativa se trate junto con el Presupuesto 2024.

El oficialismo cuenta con número para obtener el quórum reglamentario de 129 miembros para debatir, en la sesión especial que comenzará a las 13, la iniciativa con sus 118 integrantes, cuatro de izquierda, cuatro de partidos provinciales y tres legisladores peronistas del interbloque federal, con lo cual ya tiene garantizada la presencia de 129 legisladores.

También se sumarán los diputados y gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa, provincias en las que se encuentran los principales emprendimientos petroleros, con trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias.

Además, puede sancionar el proyecto que se votará con mayoría simple ya que cuenta con 117 votos propios -la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau no vota- 4 provinciales, 4 de izquierda, tres federales, Ser y MPN.

Los detalles de la iniciativa
El proyecto del Poder Ejecutivo crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.

De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

A través de la iniciativa se busca que el impuesto recaiga, únicamente, «sobre los mayores ingresos en relación de dependencia y por las otras rentas aludidas».

La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo con el siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del SMVM vigente a esa nueva fecha.

El proyecto será acompañado por una movilización convocada por el consejo directivo de la CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, para «defender el proyecto de ley enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para eliminar el Impuesto a las Ganancias», según anunciaron. Además habrá otras centrales, como las dos CTA, y numerosas organizaciones gremiales.

Télam

Es ley la nueva moratoria previsional

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permitirá jubilarse a 800.000 personas.


La Cámara de Diputados convirtió este martes en ley, con el voto de los diputados del oficialismo y agrupaciones opositoras, el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación, ya que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte.

En la última jornada del período de sesiones extraordinarias del Congreso nacional, la iniciativa cosechó 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos (FdT), el Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la izquierda; mientras que el rechazo al proyecto reunió 107 sufragios de Juntos por el Cambio (JxC), y las dos agrupaciones de derecha: La Libertad Avanza, que conduce Javier Milei, y Avanza la Libertad, del liberal José Luis Espert.

La sesión, conducida por la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau, contó con la presencia en los palcos de invitados de la directora del Anses, Fernanda Raverta; de organizaciones de jubilados y jubiladas, de la CGT, y de sindicatos vinculados al sistema previsional.

Tras la votación, los afiliados de los gremios que estaban en los palcos y los diputados del FdT festejaron la sanción y se pusieron a cantar la marcha peronista, ante la queja de los legisladores de JxC.

El proyecto, cuya autoría corresponde a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

En el artículo 3 se estableció que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008, inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago, y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.

La sesión se realizó un día antes de la Asamblea Legislativa que será encabezada por el presidente Alberto Fernández y dejará inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias.

Tras la sanción de la moratoria previsional, el plenario legislativo comenzó a debatir el dictamen que busca establecer de manera obligatoria que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

En el cierre del debate del proyecto de moratoria previsional, el diputado y líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, indicó que la ley está dirigida a “800 mil argentinos y argentinas que van a poder pelear mejor el día a día” y aseguró que “ningún jubilado genera déficit fiscal, sino que son personas en las que el Estado invierte”.

En referencia a la acusación de parte de la oposición de que se trataba de un proyecto de tinte electoral, expresó: “Entendemos que en esas 800.000 personas que se pueden jubilar, obviamente hay personas que eligen votar diferentes opciones políticas.

Sería tonto pensar que van a votar al FdT por esta ley, seria subestimar a la gente”.

Por su parte, el presidente del bloque del FDT, Germán Martinez, dijo que «el camino del Plan de Pago Previsional es un camino que todavía ofrece alternativas, este proyecto es un paso modesto pero muy importante para seguir avanzando».

El debate sobre el proyecto de moratoria previsional fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien destacó que «del total de jubilados que hay en la Argentina, 65% lo hicieron con una moratoria y gracias a eso hoy el 95% en condiciones de hacerlo están jubilados».

«En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación», aseveró.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Previsión Social, Marisa Uceda (FdT), dijo que el proyecto tiene «un espíritu solidario» ya que el hecho de que «9 de cada 10 mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido también responsables de esa crisis del sistema».

La obligación de la dirigencia política es «dar una solución y eso es lo que hicieron los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde cuando presentaron el proyecto que se trabajó intensamente con la directora de Anses, Fernanda Raverta, que está en el recinto y se puso al hombro la militancia de este proyecto», añadió.

Desde la oposición, el autor del dictamen de minoría, Alejandro Cacace, señaló que «no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no los tiene», y explicó su propuesta de que la jubilación se calcule en base a los aportes que tiene cada ciudadano.

En tanto, la exgobernadora María Eugenia Vidal afirmó que «difícilmente cuidemos a nuestros jubilados si los seguimos endeudando a costa de ellos».

Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, indicó que «planteamos un acompañamiento a este plan de pagos y también exigimos políticas eficaces para que crezca el trabajo de calidad, con descuento jubilatorio”.

Por su parte, el diputado de Juntos por Rio Negro, Agustín Domingo, dijo que «hay que eliminar el requisito de tener que acreditar los 30 años de aportes, porque hay trabajadores que tienen 10 o 15 años de aporte, que les correspondería cobrar de jubilación un beneficio mayor que la mínima».

A su vez, la legisladora del FIT-U Romina del Plá afirmó que «esta moratoria solo resuelve una parte del problema, por eso vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilación universal, por la jubilación del 82 por ciento, y por un verdadero futuro para los trabajadores y trabajadoras».

Desde la derecha, el diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que «Argentina es un deudor quebrado, para poder pagar la deuda se necesita tener un superávit primario fiscal positivo y acá seguimos con uno negativo».

La sesión especial se inició cerca de las 11, con la presencia de 129 diputados -el número exacto para el quórum reglamentario- entre los cuales 117 pertenecen al Frente de Todos (FdT), cuatro al Frente de Izquierda, misma cantidad al Interbloque Provincias Unidas y otros cuatro al interbloque Federal (dos de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Alejando ‘Topo’ Rodríguez, y dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez).

En tanto, la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) bajó al recinto una vez que el oficialismo reunió el quórum.

La sesión se inició con la jura como diputado nacional del PRO de Gabriel Mraida, actual presidente del Instituto de la Vivienda porteño, que asumió en reemplazo de Waldo Wolff, designado secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diciembre pasado.

En el inicio de la sesión se presentaron 12 cuestiones de privilegio, se hicieron tres homenajes y se trataron tres apartamientos de reglamento, y se produjo una polémica cuando se quiso desalojar de los palcos al sindicalista Carlos Ortega, que representa al Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), que diseñó los carteles contra los legisladores opositores que no habían dado quórum en las sesiones de diciembre.

También hubo una polémica entre el oficialismo y la oposición sobre el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando el FdT rechazó las acusaciones de Juntos por el Cambio acerca del desarrollo de la investigación sobre la conducta de los cuatro jueces del alto tribunal.

Télam

Diputados trata el proyecto de moratoria previsional

La iniciativa permitirá a unas 800 mil personas acceder a la jubilación. En diciembre, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.


La Cámara de Diputados comenzó a debatir pasadas las 12.30 el proyecto de moratoria previsional que establece un plan de pagos de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación, que de aprobarse quedaría convertido en ley.

El debate de esta iniciativa, que ya cuenta con sanción del Senado, se inició luego del tratamiento de cuestiones de privilegio y homenajes, en el marco de una sesión que comenzó con la presencia de 129 diputados pertenecientes al Frente de Todos (FdT) y aliados de otros bloques.

El oficialismo de la Cámara de Diputados busca convertir en ley el proyecto de moratoria previsional y el de digitalización de las historias clínicas, en la última jornada del período de sesiones extraordinarias del Congreso nacional.

La sesión, que se inició cerca de las 11 con la presencia de 129 diputados, se realiza un día antes de la presencia del presidente Alberto Fernández en el Parlamento para inaugurar el 141° período de sesiones ordinarias.

El primero de los proyectos contemplados en la convocatoria a la sesión impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

El FdT reunió el quórum con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto, presentado en el Senado por la oficialista Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otro lado, en la sesión de este martes, que se realiza en la última jornada del período extraordinario, la Cámara Baja busca convertir en ley el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

El proyecto obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del año pasado con el consenso del oficialismo y la oposición, pero no se pudo tratar debido a que Juntos por el Cambio no dio quórum para habilitar la sesión del 21 de diciembre.

Si no se convierte en ley, perderá estado parlamentario.

La propuesta crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.

Télam

Diputados aprobó el Presupuesto en maratónica sesión

Tras 15 horas de debate, se logró la aprobación en general, aunque la oposición rechazó el pago de Ganancias para los integrantes del Poder Judicial.


La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.

A la hora de discutir los puntos particulares, la oposición impuso su número para rechazar el artículo del proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, mediante el cual se establecía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.

Los bloques opositores sumaron 134 votos negativos contra 116 del oficialismo, por lo que el artículo fue rechazado.

La iniciativa fue aprobada a las 5:13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Cívica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones de pesos.

El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.

Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

El proyecto de Presupuesto 2023 que contempla un acrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación del 60%, un déficit del 1,9 por ciento y que prevé destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales.

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller afirmó que el proyecto de gastos y recursos impulsado por el oficialismo para 2023 «no es un presupuesto de ajuste» y rechazó que hayan disminuido las partidas destinadas a gastos sociales, al señalar que suman más de 300.000 millones de pesos.

Al exponer como miembro informante de la mayoría, en el inicio de la sesión, Heller aseguró que el Presupuesto 2023 «está orientado a la inversión en infraestructura que ocupará un rol preocupante, a fortalecer el sistema de salud, la educación en todos los niveles, la extensión de las becas, la ciencia e innovación y el fomento del empleo».

«Hemos visto algunos informes periodísticos que se han centrado en el presupuesto del Ministerio de Educación pero eso es solo una parcialidad del gasto asignado a este concepto. Lo lógico es analizar los gastos por finalidad y función en los cuales se integran los gastos que proceden de diferentes fuentes. Por ejemplo hay partidas que están en el Ministerio de Obras y que tiene que ver con la realización de edificios para las escuelas pero que forman parte de los gastos destinados a la Educación», dijo el legislador.

En ese contexto, señaló que se han incrementado partidas sociales por un monto de 322 mil millones de pesos, con lo cual «no es un presupuesto de ajuste».

También se refirió al proceso inflacionario que existe en el país y en ese sentido señaló que «la búsqueda de un descenso gradual sin recurrir a un shock antiinflacionario es lo aconsejable porque conocemos los argentinos las consecuencias que tienen los shocks antiinflacionarias y devaluatorios».

En su exposición, Heller destacó el crecimiento de la actividad económica tras «haber superado la pandemia al señalar la suba del 6,4% interanual registrada en agosto respecto a igual mes de 2021».

Posteriormente, el diputado del PRO Luciano Laspina afirmó que el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo «se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto y gasta en cosas que no debe».

A modo de ejemplo de esto último, el legislador de la oposición citó el artículo que prevé un beneficio al gremio de camioneros para que no paguen el impuesto a las ganancias sobre determinados conceptos como viáticos.

Laspina, que además es vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, manifestó que «a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal».

En su discurso, el diputado del PRO criticó el beneficio impositivo que recibirá el gremio de camioneros y señaló que representa «84.175 millones de pesos, que es el doble del bono para la indigencia» que está otorgando el Gobierno para las personas de menores recursos.

Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero, señaló que «este presupuesto no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo que hoy tenemos en la Argentina»

Agregó que «se implementó una política de expansión de gastos con incremento del costo fiscal y esa expansión generó déficit financiado con emisión monetaria y un incremento del endeudamiento».

El titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, apoyó el proyecto de Presupuesto 2023 al señalar que no comulgan “con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.

Con similar sintonía, el titular del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, también explicitó el aval de sus legisladores al proyecto al destacar el hecho de que el oficialismo haya hecho correcciones al proyecto original.

«Desde nuestro interbloque no acordamos con impedir el tratamiento trabando la realización de la sesión legislativa con el voto negativo en general, creemos que ese no es el camino. Adelantamos entonces el apoyo al Presupuesto en cuestión», expresó Di Giácomo durante su discurso en el recinto.

En ese sentido, agregó: “No comulgamos con la idea de impedir o entorpecer al Ejecutivo, legitimado por el pueblo, el cumplimiento de su plan de gobierno”.

“Por esto no trabajamos para impedir su tratamiento, en todo caso el poder ejecutivo deberá hacerse cargo de sus resultados; porque el sector que rige los destinos del país debe hacerse cargo de los éxitos y de los fracasos», agregó el legislador.

Por su parte, Rodríguez destacó que el oficialismo haya incluido correcciones al proyecto de Presupuesto y por eso «vamos acompañar en general» pero anticipó su rechazó a las delegaciones al Poder Ejecutivo para reformar las alícuotas de retenciones.

Destacó que es importante que «antes de fin de octubre nos encontremos debatiendo la posibilidad cierta de aprobar el presupuesto y eso hay que destacar.»

«Valoremos que hayamos podido incluir correcciones» entre las que mencionó «que se haya asignado al transporte del interior del país una suma que se pueda actualizar cómo evolucione la economía», dijo Rodríguez.

Por último, el legislador señaló que «la Argentina necesita invertir y generar empleo y un camino es insistir en que las pymes tenga menor presión tributaria para generar empleo».

Los diputados de las bancadas de derecha Javier Milei y José Luis Espert rechazaron el proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, al cuestionar los gastos previstos, el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal y la proyección de inflación para el próximo año.

El diputado Milei dijo que «por cuestiones de índole moral, técnicas y por las inconsistencias confesadas por los propios diputados del oficialismo desde la Libertad Avanza vamos a rechazar rotundamente este Presupuesto”,

«La inconsistencia técnica más grosera del Presupuesto es esa inflación del 60% (para 2023) ¿Dónde viven? La inflación en Argentina vive acelerándose, estamos en el 83% pero en los últimos tres meses oscila entre el 100% y el 125%», agregó el legislador al hablar en el recinto.

Por su parte, el economista y legislador de Avanza la Libertad, José Luis Espert, afirmó que «nunca un gobierno endeudó a un Estado más que el de Alberto Fernández: 100.000 millones de dólares, sin considerar la deuda cuasifiscal que ya llega a 8,6 billones, y con estos niveles de tasas de interés, el año que viene se va a duplicar para llegar a la friolera de 17 billones de pesos”,

También criticó el aumento del gasto público al señalar por «por empatía con una sociedad que no da más de pagar impuestos, el gasto público no debería crecer eso, sino mucho menos».

En forma previa a la sesión, se reunió la comisión la Comisión de Labor Parlamentaria -encabezada por Cecilia Moreau- donde se definió que habrá once horas de debate y luego, tras la votación general, comenzará la discusión en particular.

La discusión en el pleno del cuerpo se da en medio de un fuerte debate por la inclusión de un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias de la que gozan los miembros del Poder Judicial, por un monto total estimado en alrededor de $ 237.000 millones.

El lunes se realizó una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda con la conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que explicitaron su rechazo al artículo incluido por el Frente de Todos en el dictamen de mayoría.

Entre las distintas fuerzas políticas, el debate estuvo también centrado en la pauta de inflación del 60% proyectada por el oficialismo para 2023, así como sobre los subsidios al transporte a las provincias, la facultad para aumentar las retenciones y los recursos destinados a gastos sociales y educación.

De todos los puntos que incluye el proyecto de Presupuesto 2023, el que modifica la exención de ganancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial es uno de los más controvertidos.

Se trata de un aspecto propuesto por el oficialista Marcelo Casaretto en la reunión de la Comisión de Presupuesto, donde estimó que esa incorporación permitiría recaudar unos 237.000 millones de pesos más a los recursos.

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran desde ese momento en adelante al Poder Judicial comenzaran a tributar Ganancias.

Sin embargo, como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.